La capital austriaca ha construido durante un siglo un parque público que aloja al 42% de los hogares y permite contener las rentas frente al mercado privado. El modelo combina inversión pública, suelo reservado y alquileres ligados a los costes, aunque no ha eliminado las listas de espera ni los desahucios. Viena es la referencia recurrente de una Europa que no consigue resolver el problema de la vivienda. La capital austriaca no se limitó a proteger al inquilino ni a contener los alquileres. Durante un siglo compró suelo, construyó edificios y acumuló patrimonio. Hoy el Ayuntamiento es el mayor casero de la ciudad y esa posición le permite condicionar el mercado. La ciudad conserva unas 220.000 viviendas municipales, a las que se suman alrededor de 200.000 construidas con ayudas públicas y gestionadas principalmente por cooperativas y entidades de utilidad pública. Las primeras pertenecen al Ayuntamiento; las segundas, no. Juntas forman un sector asequible con suficiente peso para competir con la oferta privada, aunque acceder a él exige cumplir requisitos y, a menudo, esperar turno. Según Statistik Austria, en 2025 el 20% de los hogares vieneses vivía en pisos municipales y otro 22%, en viviendas cooperativas o de entidades de utilidad pública. En conjunto alojaban al 42% de los hogares de la ciudad y a más de la mitad de quienes viven de alquiler. Para toda Austria, la proporción se reducía al 24%. El modelo tiene su mayor implantación en la capital. La presión demográfica tampoco ha desaparecido. Viena tenía a comienzos de 2026 unos 2,04 millones de habitantes, 12.625 más que un año antes, según el Ayuntamiento. Desde mediados de los años noventa ha ganado cerca de medio millón y en 2023 superó de nuevo la barrera de los dos millones. Las proyecciones municipales anticipan otros 332.000 residentes hasta 2055. El parque público amortigua el encarecimiento, pero no elimina la necesidad de seguir construyendo. La base del sistema se puso en la Viena roja de los años veinte. El gobierno socialdemócrata respondió al hacinamiento con impuestos específicos y un programa que había levantado unas 66.000 viviendas en 1934. A diferencia de otras capitales europeas, Viena no privatizó masivamente ese patrimonio. Lo amplió mediante una política sostenida de suelo y financiación. El Ayuntamiento actúa como propietario, promotor y financiador. El fondo de vivienda de la ciudad compra terrenos y selecciona proyectos atendiendo al coste, la calidad arquitectónica, la sostenibilidad y las condiciones de convivencia. En las zonas calificadas para vivienda subvencionada, la regla general reserva dos tercios de la superficie residencial a ese uso. Las entidades de utilidad pública ajustan las rentas a los costes, tienen limitados los beneficios y deben mantener el capital vinculado a su función social.

FUENTE: EL MUNDO